Continúa la batalla legal por el caso de los sobornos de Odebrecht

Continúa este martes la batalla legal entre la Procuraduría General de la República y los siete acusados de haber recibido la suma de US$92 millones en sobornos para favorecer con obras estatales a la constructora brasileña Odebrecht.

En esta ocasión los abogados de los imputados ya cuentan con el voluminoso inventario de elementos de pruebas que tenía en su poder la Procuraduría General, y en los cuales sustenta su acusación contra el empresario Ángel Rondón Rijo, el abogado Conrado Pittaluga, el exministro de Obras Públicas y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Víctor Díaz Rúa y el senador del PLD en San Cristóbal, Tommy Galán Grullón.

También están como imputados en ese proceso Porfirio Andrés Bautista García, ex presidente del Senado y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el expresidente del Senado, Jesús (Chú) Vásquez Martínez (del PRM), así como el perremeísta y exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable (Inapa), Juan Rodríguez Hernández.

Nueva controversia

La semana pasada salieron a relucir elementos controversiales pues el empresario y ex enlace comercial de Odebrecht en el país, Ángel Rondón Rijo, reveló que debido a “las gestiones” que hizo a favor de la multinacional por la planta Punta Catalina, Odebrecht le adeuda US$20 millones .

Rondón no solo hizo la revelación sino que también mandó una advertencia a Odebrecht: “Como ya la Procuraduría no ha acusado a Punta Catalina entre los proyectos sobornados, pues lógicamente Odebrecht me debe 20 millones de dólares. Yo haré amigablemente, como es mi costumbre, todo el esfuerzo para cobrar el dinero, pero desgraciadamente si ellos no obtemperan, tendré que actuar contra el consorcio y contra sus integrantes”.

Levantan la coerción

En el caso Odebrecht también estaban como imputados César Domingo Sánchez, Bernardo Castellanos de Moya, Máximo D’Óleo, Alfredo Pacheco, Ruddy González, Juan Temistocles Montás, Radhamés Segura y Julio César Valentín, pero sus expedientes fueron archivados de manera provisional por el juez de la instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, quien además levantó las medidas de coerción que pesaba en contra de este grupo.

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